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La Coctelera

La tarta de la inmigración

Las entidades financieras quieren captar las importantes remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen, en torno a 6.000 millones de euros al año. El pasado enero la banca privada y las cajas de ahorro (AEB -Asociación Española de Banca Privada- y CECA -Confederación Española de Cajas de Ahorro-) firmaron un acuerdo con la Administración para reducir las comisiones que aplican a estas partidas, que según los expertos oscila entre el 6 y el 20 por ciento.
El objetivo, según la Agencia Española de Cooperación Internacional, es lograr que las entidades financieras aglutinen la mayor parte de esas partidas de divisas. De ese modo el sistema bancario de los países receptores podrá disponer de mayores medios para financiar el desarrollo con la significativas inyecciones de dinero que actualmente apenas pasan por sus manos.
Las divisas que mandan, por ejemplo, los ecuatorianos suponen la segunda fuente de ingresos de Ecuador, por detrás del petróleo. El 50 por ciento de la población del país latinoamericano las recibe y les supone el 40 por ciento de su economía, según el Banco Mundial.
El Banco de Santander, por ejemplo, ya ofrece, bajo la denominación International Express, un abanico de productos específicos para las circunstancias de la población inmigrante.

La guerra está servida

Sin embargo, no todos ven las mismas intenciones en el acuerdo. Juan Dalmau, presidente de Anaed (Asociación Nacional de Agencias de Envío de Dinero), cree que, en realidad, se trata de una trama contra la intermediación de empresas como las de sus asociados. “No nos quieren, y por eso gobierno, bancos y cajas de ahorro se unen ahora para intentar quedarse con el cien por cien de las remesas, y no vale de excusa el fomento de la inversión y el ahorro, porque ese dinero va a alimentar a las familias de los inmigrantes, no a invertir”, afirma. “Difícilmente van a poder alcanzar ese objetivo cuando la realidad es que un 80 por ciento del dinero que llega se emplea en la economía de subsistencia, alimentos y educación. Luego se destinan a sanidad y, en cuarto lugar, a vivienda habitual de construcción propia”.
De los 600 euros de media que remite cada familia inmigrante a su país al mes, según Anaed, Dalmau asegura que el 80 por ciento pasa por agentes de la asociación que preside. Estos agentes son los que mayoritariamente operan en casi todas las poblaciones de la Región de Murcia en locutorios.
El proceso comienza en estos establecimientos, que posteriormente transmiten los fondos recibidos a la entidad autorizada para el envío de remesas, algunas también para el cambio de divisas. De ahí pasa a las entidades financieras, que son las que realizan el envío realmente, hasta otro agente en el país de destino. “Todos ganan algo en el proceso”, indica Dalmau, quien asegura que aún así sus asociados cobran menos comisiones que las entidades, “que están entre un 17 y un 20 por ciento, mientras nosotros nos movemos entre el 6 y el 11 por ciento en países de mucha dificultad”.
De las 38 entidades autorizadas, 32 están inscritas en Anaed, con lo que esta asociación controla el 70 por ciento del total de remesas enviadas desde España. Sin embargo, de los 6.000 millones de euros que se mandaron el año pasado (4.800 millones a través de estas remesadoras), los beneficios consolidados se quedan en 10 millones de euros. “No es que se haga mal”, aclara el presidente de Anaed, “es que nos obligan a mantener una guerra constante que nos lleva a competir abaratando precios”. En los últimos siete años, según Juan Dalmau, los asociados han rebajado las comisiones en un 50 por ciento. “Las remesadoras no son caras, si lo fuésemos el beneficio sería brutal.

Latinoamérica se lleva la mayor parte

España, según los datos del Banco de España, es el país del mundo que más remesas envía en relación a su producto interior bruto (PIB). Hasta noviembre de 2006, los inmigrantes residentes en el país enviaron a sus naciones de origen más de 5.600 millones de euros, de los que el 55 por ciento se mandó a Latinoamérica. España envió un 6,6 por ciento de lo que recibieron estos países del total mundial. En 2005, última anualidad valorada al completo, fueron casi 5.800 millones de euros.
Del total enviado, el 42 por ciento va a Ecuador. También son importantes receptores Bolivia, Colombia, Perú y Marruecos. No es de extrañar, puesto que de los 3, 88 millones de extranjeros que hay empadronados en España, según el INE (el 8,7 por ciento de toda la población), algo más de la mitad (54,1 por ciento) corresponden a habitantes de Marruecos, Ecuador, Rumanía y Colombia. Murcia, por su parte, cuenta con un 12,4 por ciento de población inmigrante.

Un tercio de los africanos



En cuanto a los extranjeros procedentes del Africa occidental (Cabo Verde, Senegal, Guinea Bissau, Ghana, Guinea Ecuatorial y Mali), el último padrón tiene registrados a un total de 84.499 personas, mientras que 60.401 constan como titulares de una autorización de residencia, de forma que casi un tercio (24.098) podrían estar en situación de irregularidad.
A la hora de cruzar los datos del padrón con las tarjetas de residencia, hay que tener en cuenta que este último registro supone una foto fija de las personas que ese día (en este caso el 1 de enero de 2006) tenían un permiso en vigor. De esta manera, no están incluidos los que están renovando, pero al mismo tiempo puede darse el caso de gente que tampoco esté empadronada. No obstante, los datos facilitados por el INE están en esta ocasión más depurados. Entre otras cosas porque existe una norma que ya se aplica y que obliga a los extranjeros a renovar la inscripción en el padrón cada dos años. En caso contrario, son excluidos.

Los datos obtenidos hasta la fecha se mantienen con respecto a los últimos datos que cifraban en 700.000 la bolsa de indocumentados que vivían en España y que llevaron al Gobierno a emprender una regularización o «amnistía», como prefieren llamarlo los extranjeros, a todos aquellos que contaran con un permiso de trabajo.
Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, la proporción de extranjeros en España ha aumentado desde el 8,5 por ciento hasta el 9,3 por ciento entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2006. Las comunidades con mayor concentración de foráneos son Baleares (16,8%), Comunidad Valenciana (13,9%), Murcia (13,8%) y Madrid. Cataluña, Canarias y La Rioja también superan el 10 por ciento.
Por el contrario, las comunidades autónomas con menor proporción son Extremadura (2,5%), Galicia (2,7%), Asturias (2,8), País Vasco (4,0%) Ceuta (4,1%), Cantabria (4,2%) y Castilla y León (4,2%). En el resto de comunidades el porcentaje supera el 5%.
El número de extranjeros ha crecido en todas las comunidades autónomas. Aquellas en las que se ha apreciado un mayor incremento en términos absolutos son Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por el contrario, los menores aumentos se han producido en Ceuta, Melilla, Extremadura, Cantabria y Asturias.

Por nacionalidades, los más numerosos siguen siendo los marroquíes, seguidos de los ecuatorianos, rumanos , los ciudadanos del Reino Unido, colombianos, alemanes, argentinos y bolivianos.